El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se enfrenta nuevamente a los partidos de oposición para que aprueben su llamado Plan B, con el que pretende reformar el sistema electoral del país, al que ha criticado por los altos sueldos de sus funcionarios.

Este plan surge del rechazo a una primera reforma electoral que, entre otras cosas, proponía una profunda reestructuración del Instituto Nacional Electoral (INE). Esta iniciativa proponía cambios constitucionales que requieren de las dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados. Y López Obrador no cuenta con ese respaldo.

Los partidos de oposición no solo rechazaron esta iniciativa presidencial, sino que además organizaron una marcha en la Ciudad de México para defender al INE, que ha sido blanco de críticas por los presupuestos millonarios que recibe año con año.

El objetivo general de esta reforma electoral es recortar gastos y personal del órgano encargado de regular la democracia en México.

Entonces, ¿de qué se trata este plan alternativo?

El Plan B del presidente mexicano propone modificaciones a la Ley Orgánica del Poder Judicial, a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y a la Ley General de Partidos Políticos.

La propuesta contempla tres ejes principales: el ejercicio de derecho político-electorales, entre los que se incluye garantizar el voto a poblaciones vulnerables y la regulación de las cuotas de paridad de género; cambios al Sistema Nacional Electoral, que incluye modificaciones al calendario de elecciones, y en materia de justicia electoral.

Entre las propuestas concretas está la posibilidad de que los legisladores que busquen su reelección deben separarse de sus cargos. Además, garantiza el voto a personas en prisión preventiva y con discapacidad en estado de postración.

Las reformas proponen eliminar al personal especializado en materia electoral y la remoción adelantada del secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo, así como la eliminación de la Junta General Ejecutiva, área que determinaba el manejo de recursos.

Por otra parte, también se reduce el número de juntas distritales a 260. En caso de elecciones presidenciales, estas podrán aumentar a su cifra anterior, es decir, 300.

Recortes a salarios y presupuesto

El Plan B propone la eliminación del Fideicomiso para Pasivo Laboral y de Infraestructura Inmobiliaria del INE, así como el cierre del Servicio Profesional Electoral, en donde se integran las 32 juntas locales ejecutivas del órgano presidido por Lorenzo Córdova.

También se prevé la eliminación del Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del INE.

La iniciativa argumenta que estos fideicomisos “fueron constituidos para retener recursos públicos y destinarlos a las personas funcionarias del INE, entre otras medidas”.

La iniciativa señala que, cuando la normativa entre en vigor a partir de 2023, se tendrá que realizar un “nuevo cálculo y revisión integral” de los salarios de sus trabajadores, así como de los organismos públicos locales (OPLES).

En este sentido, se contempla que ningún servidor público (incluidos los funcionarios del INE) puede tener una remuneración mayor a la que percibe el presidente de la República, algo que actualmente no sucede. El Gobierno de México asegura que Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, gana un millón de pesos más que el propio López Obrador.

Esta disposición de baja salarial también aplicará para los magistrados y empleados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Ajustes al sistema

La iniciativa propone suspender el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), creado para dar una estimación de los resultados de los comicios. En su lugar, se pretende iniciar el cómputo oficial de los votos el mismo día de la elección, al cierre de las casillas.

Una de las propuestas más polémicas fue la referente a la cantidad de votos mínimos que necesita un partido para conservar su registro. Actualmente, se requiere obtener, a nivel nacional, al menos el 3% de los votos emitidos. El Plan B elimina este requisito y establece que se mantendrá el registro si en 17 estados, en conjunto, se obtiene el 3% de los votos.

Cabe señalar que este último punto fue calificado como “un error” por el propio coordinador de Morena (el partido en el poder) en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, por lo cual se espera que se modifique en el Senado de la República sin mayor contratiempo.

Pese a las críticas y señalamientos contra López Obrador y su Plan B, este fue aprobado por los diputados el pasado 7 de diciembre con 261 votos a favor y 216 en contra, con lo cual se turnó al Senado para su análisis, discusión y votación. Ya se discutió en Comisiones; ahora pasará al Pleno.

El coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta, Ricardo Monreal, advirtió que el Plan B requiere varias modificaciones debido a que existen muchas incongruencias en al menos 70 artículos, que incluso pueden catalogarse como inconstitucionales.

Ante esto, Monreal se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para discutir cuáles son los puntos que deben modificarse.

Algunos de los diferendos que se mantienen están relacionados con las modificaciones al sistema electoral, la eliminación de la Sala Especializada del TEPJF, así como el despido de los trabajadores del Servicio Profesional Electoral y la elección consecutiva de legisladores.

Sputnik